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Acciones legales ante el colapso de servicios públicos (2a. parte)

PorAlgoritmo Top

Oct 16, 2020
Acciones legales ante el colapso de servicios públicos

Acciones legales ante el colapso de servicios públicos (2a. parte)

 

Como lo describimos en nuestro artículo anterior, en la Venezuela de hoy, a 20 años de haberse iniciado el siglo XXI, la población padece el colapso de los servicios públicos y, en consecuencia, sufre día a día el deterioro de sus condiciones de vida, lo que ha sido progresivo y sin pausa, como si se tratara de una caída libre sin parada ni rebote.

 

El planeta entero esperó con ansias el nuevo siglo; entendíamos que sería el esplendor de la era tecnológica que, sin duda, mejoraría y simplificaría las actividades de los seres humanos pero, los venezolanos, contrario a lo esperado, quedamos al margen, hemos sufrido un abominable retroceso: de ser un país con electricidad, sistema sanitario, educativo, justicia, transporte, telecomunicaciones, etc., al alcance de casi todos, hoy es al alcance de casi nadie, solo de un pequeño grupo.

 

Ese deterioro ha sido progresivo, hemos sido testigos en primera fila, pero, lo ignoramos, bien porque no nos afectaba directamente, porque pagando a un funcionario resolvíamos nuestra situación individual o porque en nuestra concepción dependiente consideramos que era el gobierno el que debía resolver  esa importante tarea, un poder público que hace años se desentendió de sus funciones primordiales.

 

Si bien es cierto que el responsable de la existencia de unos servicios públicos de calidad es el Estado venezolano, también lo es que los ciudadanos no podemos excluirnos de esa ecuación pues, la población es uno de los elementos del estado, por tanto, desde la contraloría ciudadana y la activación de los canales regulares, debemos exigir y velar por la prestación de los servicios públicos de calidad: dejarlos en manos de unos cuantos burócratas nos ha salido muy caro.

 

Tener conciencia de que la administración pública debe estar al servicio de la población, que su razón de ser es procurar condiciones de vida de calidad para los ciudadanos, que les permitan el goce efectivo de sus derechos humanos, es el gran paso que debemos dar para rescatar nuestros servicios públicos,  el mecanismo no es tener una “palanca” o el pago de un soborno, el mecanismo es transitar las vías institucionales y, luego, legales que establece el ordenamiento jurídico para exigir la prestación del servicio.

«Pancartazo por los servicios básicos y los DDHH». Barquisimeto. 07/10/2020. Fotos: Consejo Comunal Urb. Del Este

Todos hemos sido testigos y, en ocasiones,  protagonistas de manifestaciones callejeras por los servicios públicos. En un principio, esas manifestaciones eran propias de los sectores más desfavorecidos económicamente; hoy, no distinguen clases social o económica, toda vez que la mala prestación del servicio público tampoco distingue entre sectores o estratos sociales.

 

Ciertamente, el que tiene poder económico puede atenuar: compra una planta eléctrica, hace un tanque y compra agua por cisterna… pero, cuando se va la electricidad, el Internet o no hay gasolina, también está afectado; además, el deterioro es de tal magnitud que cada vez es más difícil aplicar paliativos. Veamos, si una persona usaba planta cuando se le iba la energía eléctrica, ahora es más difícil, pues, no hay gasolina (colapsó la producción y distribución de combustible).  Y así  pasa con todo, cada vez son menos los que por su cuenta pueden suplir la deficiencia de los servicios públicos.

 

Así, tenemos que, en un primer momento, la manifestación en la calle era usada como mecanismo para exigir el funcionamiento de un servicio público. En tiempos pasados, se obtenía una respuesta de corto alcance; hoy, lo que se obtiene es represión por parte de los órganos de seguridad, vemos en los medios de comunicación que a quienes protestan por gas, gasolina y otros, en muchos casos, los espera la cárcel o una lesión personal.

 

Sin negar el poder del reclamo en la calle, debemos decir que existen otras vías que deben ser utilizadas como mecanismos de acompañamiento, tales como la exigencia institucional y judicial.

 

La exigencia institucional es una solicitud escrita dirigida al organismo encargado de la prestación el servicio público, contentiva de una detallada explicación de lo que se quiere y de las circunstancias de hecho y de derecho que  avalan la solicitud, lo que permitirá tener constancia de haber agotado la vía administrativa.

Acciones legales ante el colapso de servicios públicos

 

En un segundo lugar, si no se obtiene respuesta favorable  a lo pedido, acudir a la vía jurisdiccional:

 

  • Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, irregular o de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, colectivos y cualquiera otra entidad, que tenga interés jurídico actual, está en el derecho de acudir a la vía jurisdiccional a solicitar la creación, la efectiva prestación de un servicio público (Art. 117 Constitución Nacional) o la reclamación de la responsabilidad patrimonial por los daños causados, de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 

  • Los Juzgados de Municipio son competentes para conocer estas causas. Art. 26, numeral 1 Ley Orgáncia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOCJA)

 

En caso de reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, la acción podrá interponerse sin la asistencia o representación de abogado, en cuyo caso el Juez deberá procurarla para los actos subsiguientes, a través de los órganos competentes. Art. 29 LOJCA

 

Es un procedimiento relativamente sencillo, veamos (reclamación sin contenido patrimonial):

 

  1. Requisitos: identificación del tribunal, de las partes, relación de hechos y fundamentos de dcho., instrumentos que evidencien dcho. Reclamado, documentos que acrediten trámites efectuados. Arts. 33 y 66 LOJCA.
  2. Citación: Admitida la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe motivo de omisión, demora o deficiencia del servicios público.   67 LOJCA.
  3. Notificaciones: Defensoría del pueblo, SUNDEE, Ministerio Público, consejos comunales o locales. Art. 68 LOJCA.
  4. Cautelares: El Juez puede actuar de oficio, puede dictar medidas cautelares. Art. 69 LOJCA.
  5. Audiencia Oral: Audiencia oral se realizará dentro de los 10 días de despacho siguientes al lapso para informe. Se promueven pruebas. Si no asiste el demandante, desiste la demanda.  El Juez propiciará la conciliación. Arts. 70 y 71 LOJCA.
  6. Sentencia: La sentencia será publicada dentro de los cinco días siguientes una vez finalizada la audiencia. Contenido: Medidas que garanticen eficiente continuidad del servicio público. Arts. 73 y 74 LOJCA.
  7. Apelación: La sentencia podrá ser apelada en un solo efecto. Art. 75 LOJCA.

 

Como vemos, la ley nos da una vía que no solo sirve para reclamar la prestación del servicio público de calidad, también nos permite dejar constancia de nuestra reclamación y la respuesta de los órganos encargados de su prestación.

 

Aunque esta es una vía poco utilizada, está allí y considero que es un mecanismo que debemos utilizar como usuarios inconformes con la mala prestación de los servicios públicos que hoy existen en Venezuela y que han deteriorado nuestras condiciones de vida.

 

Por Abog. Carmen Luisa Durán – @carmenlduran

DMD & Asoc Consultores Legales – @dmdconsultoreslegales